La cárcel de Huelva, un nido de conflictividad: los funcionarios denuncian el pasotismo de Marlaska

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha denunciado este viernes la «inacción» del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska y la «tibia» respuesta de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ante las recientes agresiones a funcionarios en la prisión de Huelva. Señalan también las escasas medidas implantadas para contrarrestar el «aumento de conflictividad» en la citada cárcel.

En un comunicado, Acaip indica que el pasado martes se produjo nuevamente «un grave incidente» en el centro penitenciario de Huelva protagonizado por un interno que intentó agredir con «palos afilados» a funcionarios de la prisión que, «gracias a su arrojo», lograron desarmarlo y evitar una «tragedia».

Este nuevo ataque por parte de un reo, continúa el sindicato, se suma al «aumento exponencial» de graves incidentes en la cárcel onubense y que «en muchos de los casos» han acabado con trabajadores agredidos. El pasado julio, una pelea multitudinaria entre presos acabó con tres funcionarios heridos por armas blancas de fabricación artesanal. «La respuesta tanto de la dirección del centro como del secretario general de Instituciones Penitenciarias ha sido tibia por no decir que nula», lamentan.

Además, a día de hoy, «la mayoría -por no decir todos- de los reclusos que han participado en estos graves incidentes» no han sido trasladados a otros centros, hecho que para Acaip tiene una «consecuencia clara: la sensación de impunidad que se transmite desde Instituciones Penitenciarias» y «el grave deterioro de la seguridad y la integridad de los funcionarios de la prisión de Huelva».

El sindicato remarca también que «el aumento de la conflictividad no se ha intentado contrarrestar con medidas dirigidas a paliar la falta de personal». De hecho, de la nueva promoción de 900 plazas «sólo tres» han sido destinados al centro penitenciario de Huelva pese a que la prisión cuenta con entre «30 o 40 funcionarios menos» que cualquier otra cárcel de similares características.

Asimismo, «la dirección parece inmersa en una espiral de programas de tratamiento experimentales que no se dotan de personal ni formación y en algunos casos hasta se compromete la seguridad de los trabajadores», algo que contrasta con «la dotación en publicidad institucional, tanto pública como por vía interna, dirigida a las autoridades penitenciarias de la Secretaría General con sede en Madrid».

Como ejemplo, el sindicato de funcionarios de prisiones apunta que «de forma sorprendente e incongruente con la clasificación de vida interior», se dispuso la salida a la piscina de presos en primer grado «dentro de un programa de tratamiento para internos con régimen de vida restringido, comprometiendo la seguridad interior del centro». La piscina terminó cerrada por las graves deficiencias en las instalaciones.

«Por otra parte, tampoco se entiende, viendo las deficiencias de personal, que el director del centro admita el ingreso en prisión de detenidos por la Guardia Civil en operaciones en narcotráfico, aumentando de forma considerable el trabajo de los funcionarios y afectando a todas las áreas», señalan. Denuncian también «la descoordinación e improvisación entre Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias», deficiencias que acaban pagando los trabajadores del centro, ya que muchos de estos detenidos son puestos en libertad a las pocas horas de su ingreso en la cárcel.